La reciente decisión de la Municipalidad de Lima (MML) de contratar al estudio legal estadounidense Boies Schiller Flexner LLP, marca un punto de inflexión en la forma en que los gobiernos locales o nacionales de Sudamerica, pueden desafiar la impunidad que en algunos casos puede acompañar las inversiones del capital transnacional. Al solicitar la presentación de pruebas en tribunales estadounidenses, amparándose en el Título 28 del Código de los Estados Unidos, Sección 1782, contra Brookfield Infrastructure, actual propietaria de la controvertida concesión de la autopista de peaje Rutas de Lima, la MML demuestra que los municipios ya no son actores pasivos en los acuerdos globales de infraestructura.

Esto no es solo una maniobra legal; es un mensaje político. Durante más de una década, inversionistas globales han operado en Perú a través de concesiones privatizadas. Algunas están involucradas en actividades de corrupción como aquellas originalmente negociadas con Odebrecht. Tras la caída de Odebrecht, empresas como Brookfield heredaron estos activos bajo la narrativa protectora del “capital limpio”. Actores políticos locales, ONG e incluso algunos fiscales se mostraron reacios a cuestionar estos acuerdos, alegando la reputación internacional del país o la estabilidad jurídica.

La estrategia de MML rompe con esta lógica. Es municipalista, no moralista, basada en la defensa del interés público en lugar de normas liberales abstractas o contratos elaborados en condiciones desfavorables. Se centra en violaciones contractuales concretas y la carga impuesta a los ciudadanos de Lima. Más significativamente, desafía un patrón geopolítico donde se espera que las ciudades del llamado Sur Global absorban la deuda y la corrupción, mientras que las empresas globales apelan a sus escudos legales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI.

Esto podría ser un modelo a seguir. De tener éxito, abre la puerta a que otras ciudades, regiones y paises de América Latina se enfrenten a concesiones opacas y regímenes de infraestructura extractiva. Reafirma una verdad política fundamental: la ley puede servir no solo al capital, sino también al territorio, la ciudadanía y a fortalecer la sana costumbre de la rendición de cuentas.