La descentralización como sustento del crecimiento económico, en una sociedad y una geografía heterogéneas, es necesaria junto con la operación de instrumentos como la política monetaria del banco central, la política fiscal, y sobretodo la implementación permanente de la constitución, desde el lenguaje hacia la práctica en todos los casos. Esta superestructura institucional rígida, provee flexibilidad para la operación de la auto determinación de los ciudadanos en los niveles administrativos territoriales más cercanos a ellos.

Ese puente entre los extremos de las escalas y jerarquías en la administración estatal, se denomina descentralización. Este proceso, iniciado en el 2004 con una enmienda a la Constitución de 1993, decidió acelerarse en el 2008 con una entrega progresiva y no planificada de atribuciones desde el poder central hacia los gobiernos regionales y municipales.

Esta secuencia se implementa a través de dos ministerios: el de Economía y Finanzas, y la oficina del Primer Ministro. La selección de estos ministerios no es casual, pues ellos representan respectivamente, a los componentes financieros y políticos del gobierno central. Lo novedoso es el rol articulador de ambos ministerios que compromenten recursos, en la tarea de traspasar sus competencias sin resignar el poder de mantener sus respectivas funciones a través de estándares nacionales que ejercen una influencia en las políticas territoriales.

Esto último es notorio, por ejemplo, en los procesos de asignación de recursos de inversión pública, enmarcados dentro de un sistema nacional, que se orienta hacia una elección descentralizada de los proyectos y su ejecución. Sin embrago el control administrativo y normativo sobre la implementación de estas inversiones se mantiene en la escala nacional.

Lo mencionado describe un proceso en camino de implementación. Este flujo tiene un caracter innovador pues incorpora la asignación de capacidades reales de gestión en las escalas locales. Sin embargo la actuación de los funcionarios en ese nivel sigue siendo crucial para asegurar la fluidez y adaptación normativa y el logro de los servicios al ciudadano que se pretende alcanzar.

Esta caracterización de la descentralización como propiedad esencial del desarrollo económico Peruano, la convierte además en un elemento necesario a este, aunque no suficiente, pues requiere el sustento y sustrato formado por aquellas otras propiedades transformadas en políticas de Estado, que han sido mencionadas en el primer párrafo.