El enfoque de planeamiento espacial

La acumulación de la riqueza en el pais durante los últimos 30 años ha conllevado una maduración de las contradicciones y conflictos entre el enfoque racional del planeamiento y su implementacion auto-organizada a escala local. A este nivel las autoridades han apelado a regulaciones como la zonificación para organizar las actividades de los individuos, tomando como justificación la idea del bien común para regular el acceso a los bienes. A partir de lo anterior se pueden identificar tres atributos de este impulso normativo: la racionalidad basada en la ciencia, la implementación a escala local y la apelación al bien común.

Las normas de planeamiento establecen las reglas del juego, mientras que en el espacio local se decide adaptativamente como se juega (Fernandez-Maldonado 2019)1.

Las dos dimensiones de las regulaciones de uso del suelo

De este modo el derecho municipal a establecer normas de uso del suelo (Ley de Municipalidades)2, aplicado de forma descentralizada por los miles de municipios distritales y provinciales, delinean una primera esfera de soberanía y poder a través de decisiones políticas llevadas a cabo por las autoridades elegidas.

La segunda dimensión es económica, y agrupa actividades permanentes de negociación, adaptación y cambio en las regulaciones hechos de manera formal o informal. La recategorizacion de los espacios y los derechos para el desarrollo de actividades, buscan facilitar la circulación y acumulación de capital, que se traduce en la distribución espacial heterogenea de los valores de las propiedades, internalizando los costos de mantenimiento de los servicios municipales, mientras que se maximiza esos valores y los impuestos asociados.

La intervención adaptativa del Estado

El rol super-regulador del Estado, que mantiene la cohesión y coherencia territorial, incorpora instituciones que facilitan esa función. En paralelo el Estado reconoce al modelo económico de consumo que se ve reflejado en ese territorio. Los conflictos y contradicciones que son propios del modelo de circulación y acumulación del capital son resueltos tambien institucionalente (Collinge 1999)3.

El fomento de la participación ciudadana es una estrategia para abordar las crisis del sistema cuando se implementa, en la escala local, los planes generalistas diseñados a escala nacional. La jerarquia de los sistemas económico y político, en la escala nacional, se mantienen a lo largo de los procesos de transición en la gestión del territorio local. En el Perú, la política de Estado de descentralización, junto a sus instrumentos e instituciones, forman el eje principal de esa estrategia que supervisa la escala local.

De este modo los modos de regulación territorial van adaptandose, redistribuyendo funciones sectoriales en el aparato estatal, hacia los niveles de gobierno regional o municipal, en función a los cambios e innovaciones en el modo de producción socio-espacial. Esa intervención pública a escala local, se implementa, primero, a través de pilotos replicables y flexibles que luego se diseminan en los organismos autónomos a lo largo del país.

Referencias

  1. Ana María Fernández-Maldonado. 2019. Unboxing the Black Box of Peruvian Planning. Planning Practice & Research, 34:4, 368-386, DOI: 10.1080/02697459.2019.1618596 ↩

  2. Ley 27972. Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada el 27 de mayo del 2003 ↩

  3. Chris Collinge. 1999. Self-organisation of society by scale: a spatial reworking of regulation theory. Environment and Planning D: Society and Space 17, pp. 557-574. ↩