La reciente censura del Presidente José Jerí, aprobada por el Congreso peruano, no es un episodio aislado. Es parte de un proceso más profundo de dispersión estructural del poder en el Perú.

En la construcción política peruana contemporánea no se consolida una soberanía presidencial fuerte. Más bien, se afirma una soberanía parlamentaria fragmentada, donde el Ejecutivo es constantemente expuesto a revisión y eventual remoción.

Desde 2016, se observa un patrón muy evidente donde los presidentes caen y el Congreso permanece hasta culminar su periodo. La concentración del poder en la figura unificadora presidencial genera reacción adversa. La dispersión entre los parlamentarios, en cambio, se estabiliza y legitimiza.

Esta dinámica produce reglas de juego particulares. Los parlamentarios operan con incentivos locales y horizontes de corto plazo, lo que debilita la proyección nacional. Sin embargo, dentro del sistema de poder, la Presidencia no desaparece, se mantiene como el símbolo unificador del Estado y asume el rol de coordinador nacional, encargado de pensar estrategias macroeconómicas, relaciones exteriores e infraestructura.

En esta practica política hay una clara paradoja, donde es el Presidente concentra la responsabilidad y paga el precio político o moral de los errores, incluidos aquellos que los otros dos poderes del Estado cometen. El Congreso se proteje de la reacción frente a sust actividades a través de la dispersión el poder; el Ejecutivo, al concentrarlo temporalmente, lo encarna y lo arriesga. En estas coyunturas, el Poder Judicial complementa el equilibrio, cerrando el circuito institucional de control.

Lo que observamos no es simple inestabilidad. Es una configuración emergente producto de la aplicación práctica y subjetiva de las reglas de la Constitución del 1993. Ciudadanos, actores políticos, instituciones y condiciones materiales interactúan formando un sistema complejo.

De este modo en el Perú, la soberanía no desaparece. Se vuelve contingente. Y esa contingencia, institucionalizada, reversible y conflictiva, es la forma concreta que adopta la democracia peruana.