A continuación se presenta un cuadro comparativo entre el lenguaje oficial de la Ley N.° 32279 (Artículo I, principios) y la lectura política en clave de poder. De este modo, el Artículo I de la Ley deja de ser un catálogo neutro de principios y aparece como un manifiesto de poder: soberanía, guerra económica, pactos de micro-soberanías, narrativas de futuro como control, y consensos vacíos que buscan domesticar la política.

Cuadro comparativo: Principios del Ordenamiento Territorial (Ley 32279) y su sentido político

Principio (Ley 32279) Sentido oficial (normativo-técnico) Lectura política (trasfondo de poder)
Integralidad territorial El territorio se concibe de manera integral, considerando su diversidad física, social, económica, ambiental y cultural, articulando los tres niveles de gobierno. Soberanía: el Estado reclama el monopolio de la unidad territorial, centraliza la coordinación y reafirma su poder sobre regiones, comunidades y actores privados.
Competitividad Promueve condiciones favorables para inversiones y desarrollo económico, buscando mejorar ingresos y bienestar. Guerra comercial: el territorio se convierte en un campo de batalla económico; se reordenan recursos para disputar ventajas en la economía global y regional.
Colaboración territorial Fomenta cooperación entre niveles de gobierno para un manejo articulado de territorios conectados. Reconocimiento de pequeñas soberanías: admite poderes locales y corporativos; la colaboración es en realidad un pacto conflictivo bajo lógica amigo–enemigo.
Sostenibilidad Garantiza que decisiones no comprometan recursos ni bienestar de futuras generaciones; protege el ambiente y promueve desarrollo sostenible. Narrativa de futuro para controlar: se invoca un futuro incuestionable para legitimar decisiones presentes, disciplinando recursos y poblaciones.
Participación ciudadana Asegura la inclusión de actores territoriales en planes y políticas, mediante mecanismos institucionales de consulta. Vacío salvo si reconoce el poder: participación reducida a rituales sin efecto; solo tiene sentido si se reconoce el conflicto político. El consenso es un disfraz del control estatal y de intereses privados grandes y pequeños.