La reciente publicación en junio del Decreto Supremo N° 012-2025-EM, que extiende hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo de vigencia del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), representa mucho más que una prórroga administrativa. Es, en realidad, un reflejo de los límites de una política pública centralista, lineal y estandarizada frente a una realidad compleja, heterogénea y territorialmente diversa como la minería informal en el Perú. Si se quiere evitar una nueva ampliación vacía de efectos, esta extensión debe ser aprovechada para reestructurar el REINFO bajo una perspectiva estratégica basada en la gobernanza reflexiva, la adaptación local y la policentralidad.

En primer lugar, es urgente trasladar la gestión del REINFO hacia el territorio. Para ello, se deben crear espacios multi-actor por cuenca o provincia minera, donde participen mineros artesanales, autoridades locales, representantes de comunidades y funcionarios del Estado. Estos espacios pueden deliberar sobre criterios de priorización, resolver conflictos normativos y ambientales, y construir reglas legítimas desde abajo. Así se refuerza la confianza institucional, hoy erosionada por años de burocratización y desconexión.

En segundo lugar, se requiere una flexibilidad institucional real. No todos los mineros son iguales: existen productores de subsistencia, cooperativas con buenas prácticas, operadores intermedios e incluso redes criminales. Un REINFO estratégico debe ofrecer rutas diferenciadas de formalización según el tipo de actividad, impacto y organización. Esto no significa relativizar la ley, sino hacerla viable, gradual y creíble.

En tercer lugar, la evaluación del REINFO no debe limitarse al conteo de inscritos. Se necesita un sistema de seguimiento iterativo que mida mejoras reales: reducción de impactos ambientales, formalización de relaciones laborales, inclusión financiera y reconocimiento social. Esa evaluación debe ser participativa, territorializada y abierta a ajustes permanentes.

Finalmente, la incorporación del nuevo sistema de rastreo SIPMMA —con geolocalización y monitoreo ambiental— no debe usarse solo como herramienta de vigilancia. Bien integrado, puede convertirse en un sistema de gestión colaborativa que articule información estatal, comunitaria y productiva. Pero para ello se requiere una nueva institucionalidad: con presencia técnica en campo, mediadores sociales y analistas intergubernamentales.

La prórroga del REINFO puede ser una pausa estéril o el punto de partida de una transformación. Si se asume desde una perspectiva estratégica, será posible construir una política de formalización que no imponga desde el centro, sino que co-evolucione con los actores reales del territorio.