Frontera y el mercado que nunca llega a Uruguay
Las nuevas medidas fiscales anunciadas por el gobierno uruguayo para las zonas fronterizas con Brasil no son un programa de desarrollo1. Son una confesión: la economía nacional no llega al norte. En departamentos como Artigas, donde la diferencia de precios con Brasil supera el 70 %, el comercio formal no sobrevive sin subsidios. El Estado no compite con el mercado: lo suplanta con parches.
El problema es económico, sí, pero también político y cultural. En estos territorios, la población misma percibe estas medidas como las mejores posibles. No hay demanda por integración productiva ni industrialización. Se celebra el descuento en el precio del combustible o el subsidio para vender con tarjeta. Porque lo estructural ha sido desplazado por lo inmediato: sobrevivir con lo que hay.
En este escenario, figuras como Pablo Caram y Valentina Dos Santos emergen no como anomalías, sino como gestores funcionales del vacío institucional 2. Su populismo no es ideológico: es territorial. Administran precariedad, median favores, reparten empleos, y estabilizan el descontento sin alterar las causas. Su populismo no es una alternativa, sino el reverso funcional de una economía nacional que nunca se propuso integrar la frontera.
Pero ¿por qué no se propone esa integración? Quizas porque al hacerla, esto implicaría romper con el régimen estanciero que todavía domina desde Montevideo. Implicaría abrir la competencia, distribuir el territorio, liberar el mercado. Y eso es algo que ni las élites quieren, ni la sociedad espera.
Pero este fenómeno no es corregible con la voluntad técnica del Ministerio de Economía. Las medidas fiscales no inventan la desigualdad: la reconocen como inevitable. ¿Por qué no se apuesta por una integración productiva real del norte? Porque ello implicaría lo impensable: que las élites de Montevideo acepten una economía de mercado.
La frontera no es una periferia. Es un espejo. Refleja la fragilidad de un país que prefiere administrar su desigualdad antes que transformarla. Las medidas fiscales lo confirman: no son una solución, son la manera institucionalizada de aceptar que el verdadero libre mercado sigue prohibido en Uruguay.
La economía de mercado exige competencia, inversión, apertura territorial. Pero el Uruguay real se sostiene sobre rentas de la tierra, privilegios fiscales y administración política del statu quo. Cambiar la frontera implicaría abrir el resto del país. Y eso pondría en riesgo las zonas de confort históricas.
El populismo en la frontera no es una desviación. Es el aceite que permite funcionar a un modelo inmóvil, territorialmente injusto y fiscalmente ineficiente. Mientras se lo vea como un problema local, nunca se entenderá que Artigas solo muestra—con más crudeza—lo que ocurre a escala nacional: un país que administra excepciones porque no se atreve a reformar la regla.